Por Tomás Sánchez, de la Asociación de Reducción de Riesgos por Tabaquismo de Panamá (ARDTP)
Es la principal instancia, a nivel mundial, de discusión y toma de decisiones sobre las políticas de control del tabaco, pero todo se hace a puertas cerradas sin la participación de los principales actores de este tema: los ciudadanos.
Así funciona la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), instancia que con el pasar de los años se ha convertido en un especie de cofradía que veta la participación de grupos genuinos de la sociedad civil organizada, productores, médicos, industria, personas naturales y hasta periodistas que se basan en información disponible no sesgada o preconcebida como la que usan los que participan en este foro global.
En los últimos años ha quedado cada vez más claro que en la COP no hay espacio para el disenso ni para el debate basado en la evidencia científica o en la realidad de cada país. Solo tienen espacio quienes acatan o comparten la línea que dicta la COP. Pero para no aparentar su sectarismo, que raya en el autoritarismo, han establecido un proceso de preselección donde ellos mismos definen y deciden quiénes participan de las sesiones de la COP.
De hecho, en la COP no consideran la abundante nueva variedad de evidencia científica en torno a alternativas al cigarrillo, y no toman en cuenta experiencias como las del Reino Unido, donde han distribuido de manera gratuita kits de iniciación en el ‘vapeo’ (cigarrillos electrónicos) a un millón de fumadores con el fin de fomentar que dejen el hábito tabáquico.
Tampoco se toma en cuenta el resultado de las investigaciones de la Universidad Brunel de Londres, que han demostrado que, si el 50% de los fumadores adultos en Inglaterra se cambiarán a productos de riesgo reducido, el sistema de salud podría ahorrar más de $500 millones anualmente.
Al respecto, un estudio publicado en el British JournalofHealthcare Management también analizó datos relacionados con el tabaquismo como causa de muerte, así como el riesgo de desarrollar enfermedades asociadas a este hábito. Se detectó que, si el 50% de los fumadores lograrán migrar a alternativas de riesgo reducido, los ingresos hospitalarios se reducirían en un 13%, en un país en el que se estima que hubo más de 500.000 admisiones hospitalarias relacionadas con el tabaquismo entre 2019 y 2020.
El ahorro también sería significativo para el gasto en seguridad y atención social debido al tabaquismo, que juntos ascienden a más del doble del costo de fumar para el NationalHealthService (NHS) de ese país, que anualmente representa más de $2.500 millones.
En el caso de Sudáfrica, un análisis social denominado “MzansiMakethe Switch” reveló que productos de riesgo reducido como los vaporizadores pueden ser una herramienta efectiva para reducir el hábito de fumar.
Más del 40% de los participantes en este análisis social no fumaban después de 12 semanas de usar dispositivos de vapeo, y el 79% de los que continuaron fumando mientras vapeaban redujeron su consumo de cigarrillos.
Estas son solo algunas de las evidencias que respaldan la necesidad de que la COP promueva una estrategia de reducción de daño acorde con la evidencia científica y la realidad de cada país.
A 20 años de la adopción del Convenio Marco para el Control de Tabaco queda demostrado que la estrategia impulsada por la Organización Mundial de la Salud no es la correcta. Así lo evidencian las cifras de la propia OMS que reflejan que, en 2020, el 22,3% de la población mundial consumía tabaco: concretamente el 36,7% de los hombres y el 7,8% de las mujeres.
Al mismo tiempo que se ha incrementado el consumo de tabaco, el contrabando de cigarrillos también ha crecido, lo que impacta no solo la salud de los consumidores, sino que tiene otras implicaciones como que organizaciones criminales que tienen rutas establecidas puedan seguir ingresando y comercializando cigarrillos de contrabando.
En el caso de Panamá, el 92.1% de los cigarrillos que se consumen en el país son provenientes del comercio ilícito, lo que refleja un incremento del 12,2% entre el 2019 y 2022, según los resultados del último Estudio de Mercado de Cigarrillos Ilegales realizado en el país en 2022 por Nielsen (líder global en conocimiento de audiencias, datos y analítica).
En definitiva, es una realidad: las estrategias del Convenio Marco para el Control de Tabaco de elevar los impuestos, legislar sobre zonas libres de humo, imponer advertencias en las cajetillas o prohibir su publicidad, han demostrado ser insuficientes no solo en Panamá sino a nivel global.
Es el momento de buscar soluciones realistas, pero con la participación de todos los sectores, de todos los actores y no de una “cofradía” que, por la evidencia que tenemos todos disponible, ha fracasado en su estrategia antitabaco. Debemos dar un giro enfocado en los ciudadanos y en la realidad de cada país. No permitamos que unos cuantos empeñen el futuro de todos.