Se estima que cada día, en Guatemala ingresan 1.2 millones de unidades de cigarrillos ilegales, a través de una red que falsifica marcas, evade impuestos y facilita un esquema de financiación al crimen organizado, lavado de activos y expone a los consumidores a productos sin control sanitario.
El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Comisión de Defensa del Comercio Formal de Cámara de Industria (CODECOF) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), llevaron a cabo hoy la destrucción de 22 millones 270 mil cigarrillos de marcas como Gold Seal, Modern y Marshal, las cuales ingresan permanentemente al país de manera ilícita a través de una red global que funciona con varios esquemas de evasión de impuestos.
Esta destrucción forma parte de las acciones que realizan las autoridades gubernamentales para contrarrestar el comercio ilícito y que son apoyadas por CODECOF, quien enfoca su trabajo en ofrecer los insumos técnicos, tecnológicos y económicos para incidir en el apoyo y fortalecimiento que requieren las instituciones públicas que velan por el cumplimiento de la ley en materia de prevención de estos delitos.
A pesar de que esta problemática se presenta a nivel nacional, es en el departamento de Escuintla donde hay mayor incidencia de comercio ilegal de cigarrillos, seguida de Guatemala Alta Verapaz y Petén. En los municipios de Mixco y Villa Nueva también se encuentran estos productos. Los puntos fronterizos, en especial con Belice, son un canal usual para el ingreso de esta mercadería.Los productos que más se observan en las incautaciones que realizan las autoridades son de manufactura coreana, china e india.
“Actualmente 3 de cada 10 cigarrillos en Guatemala son ilegales, lo cual, además del impacto que tiene para la industria formal que paga sus impuestos y cumple con todas las regulaciones vigentes, implica una pérdida anual de aproximadamente Q73 millones o, en volumen de cigarrillos, equivale a más de 420 millones de unidades que se comercializan en todo el paísy que exponen a los consumidores a productos sin controles sanitarios de ningún tipo”, explica Axel Romero, gerente de gestión de la Comisión.
Un delito que amenaza la seguridad nacional
Además del impacto que este delito representa para la industria, hay que agregar que el crimen organizado utiliza el contrabando de cigarrillos como un elemento de financiación y lavado de activos, lo cual genera un clima de mayor inseguridad en el país. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos de América, el comercio ilícito de cigarrillos es considerado como una amenaza a la seguridad nacional ya que financia organizaciones criminales como las maras en el Triángulo Norte de Centro América y provee fondos al terrorismo transnacional.
De acuerdo con Romero, para contrarrestar este delito es preciso contar con mayores controles en las fronteras y puntos ciegos, y que las autoridades realicen operativos recurrentes en puntos de venta para persuadir a los negocios a no comercializar estos productos. También es importante capacitar adecuadamente a quienes intervienen en estos operativos, generar foros de discusión para socializar herramientas efectivas que permitan reducir la incidencia del comercio ilegal y fomentar la competencia e inversión del sector de tabaco, el cual se encuentra en un proceso de transformación para llevar al consumidor adulto que desea continuar consumiendo estos productos; todo esto sin dejar de lado la importancia de que se genere una legislación coherente que permita atacar el comercio ilegal desde todos los ángulos.